En el Instituto Nacional Electoral (INE) se prepara una controversia constitucional en contra del Plan B electoral, que es un paquete de reformas legales que contempla una reducción en la estructura operativa del organismo.
En un mensaje difundido este domingo, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, llamó a los ciudadanos a permanecer atentos del proceso judicial, convencido de que el organismo debe impulsar “la defensa de la democracia”.
“En los próximos días, promoveremos una controversia constitucional para que la SCJN decida si son constitucionales, tanto el contenido del Plan B, como la manera en la que se desarrolló el proceso legislativo. Confío plenamente en la objetividad e independencia de la Corte.
“Tengo la certeza de que la constelación de inconstitucionalidades de esta reforma no subsistirá la prueba a la que será sometida ante los tribunales de la República. Confío en que le Poder Judicial habrá de restablecer el orden constitucional y democrático en el País. Es el tiempo de la Corte, estoy seguro que actuarán con independencia”, manifestó Córdova.
Dijo que a partir de la entrada en vigor de la reforma electoral, se aplican ajustes administrativos que ponen “en riesgo miles de plazas del Servicio Profesional Electoral y de la rama administrativa, y por ende, la confiabilidad de múltiples procedimientos de procesos electorales”.
Córdova destacó que debieron atender el cese del Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, a quien consideró “un funcionario ejemplar a quien el INE y la democracia mexicana le deben mucho”, y que esa decisión es una muestra de la vulneración a la autonomía del INE y del desaseo legislativo.
Asimismo, se instaló un Comité Técnico responsable de instrumentar la reforma.
“Ya comenzamos a acatar lo que esta nueva legislación, arbitraria y antidemocrática, nos obliga a hacer, en tanto las instancias judiciales correspondientes no la declaran inconstitucional. El mismo viernes, el Consejo General del INE sesionó para designar a un encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva y para la instalación de un Comité Técnico que prepare la instrumentación de la reforma, integrado por siete consejeros y consejeras.
“Con la publicación se abre la posibilidad de que aquellos trabajadores del INE o cualquier ciudadano que considere afectados sus derechos, puede impugnar esos acuerdos pues están acordes a normas claramente inconstitucionales. Desde el momento de la publicación de las reformas, el INE emprendió una batalla jurídica en defensa de la institución del sistema electoral, de los derechos laborales y en general de la democracia”, dijo Córdova.
